Tu web tendrá que entenderse: el RD 707/2026 exige accesibilidad cognitiva desde el 2 de enero de 2027

El Boletín Oficial del Estado publicó el 3 de septiembre de 2026 el Real Decreto 707/2026, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva (BOE núm. 218, BOE-A-2026-18509). Su disposición final octava fija la fecha que importa: «el presente real decreto entrará en vigor el 2 de enero de 2027». Y su artículo 6 alcanza, además de a las Administraciones Públicas y a los proveedores del ámbito de las telecomunicaciones, a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio —la LSSI—, «incluyendo las actividades publicitarias»: en la práctica, prácticamente cualquier web comercial con actividad en España.

La cifra: 2 de enero de 2027 · entrada en vigor del artículo 6. La obligación recae sobre cuatro bloques: contenidos textuales y no textuales, documentos y formularios, contenidos multimedia, y «los sistemas y mecanismos de interacción y, especialmente, las formas de prestación del consentimiento, procesos de identificación, autentificación, firma y pago y todo tipo de formularios o herramientas digitales vinculadas a la contratación, a la aceptación de condiciones o a la asimilación de condiciones». Es decir: el banner de cookies, el formulario de contacto, el alta de cliente, el checkout y las páginas de condiciones.

Por qué te importa

Qué no es, porque es donde va a estar la confusión esta semana. No es más WCAG: la accesibilidad técnica que exige la Ley 11/2023 pregunta si tu web se puede usar —contraste, foco, lector de pantalla—; esta pregunta si se entiende —lectura fácil, lenguaje claro, un flujo de consentimiento que no exija ser abogado—. Un sitio puede pasar una auditoría técnica impecable y seguir teniendo un checkout indescifrable. Tampoco nace de la Ley 11/2023: su base legal es otra, el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013). Y en el texto no consta un régimen sancionador propio de este reglamento: no hay multas que anunciar, y la obligación se sostiene sola con la fecha y el ámbito que ya tiene.

Lo que sí conviene saber es que la vigilancia de la accesibilidad en España ya no es solo declarativa: el Real Decreto 143/2026, de 25 de febrero (BOE-A-2026-4520), creó la Unidad técnica que coordina a las autoridades de vigilancia —de la Ley 11/2023, no de este reglamento nuevo, pero es la prueba de que el terreno ya tiene cauce operativo—.

Esta norma es de España, y solo de España: no aplica en México. Ahí, lo práctico es empezar por las plantillas, no por las páginas: el banner y el flujo de consentimiento de cookies —léelo en voz alta; si la opción y sus consecuencias no se entienden sin jerga, ahí está el primer fallo—, los formularios de contacto y alta, el checkout si vendes online, y los textos legales que alguien tiene que aceptar. Ningún escáner automático mide esto: las herramientas que revisan contraste y etiquetas no dicen si un texto se entiende, así que desconfía de quien prometa resolverlo con un validador. No es rehacer la web, es revisar textos y flujos, y conviene hacerlo antes de que enero llegue con la campaña de Navidad ya encima.

Es la capa que falta en el análisis que ya publicamos sobre los seis errores de accesibilidad más comunes en España: aquella pieza va de que la web se pueda usar; esta, de que se entienda.

En Rigol&Co podemos revisar contigo si los textos, los formularios y el flujo de consentimiento de tu web se entienden, y qué habría que tocar antes de enero.